El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, solicitó a la Fiscalía General de la nación andina que cite a declarar a la expresidenta Jeanine Áñez y a todo su gabinete por la compra con presunto sobrecoste de material antidisturbios, el caso en el que supuestamente están involucrados los exministros Arturo Murillo y Fernando López.

Según explica Lima, la Constitución de Bolivia prevé una “responsabilidad solidaria” por los decretos que dieron vía libre a la compra supuestamente irregular del material antidisturbios.

“La señora Áñez y sus excolaboradores deben explicar ante la Fiscalía General las razones y circunstancias de la aprobación de los decretos”, señaló el Ministerio de Justicia en su cuenta en la red social Twitter.

“La compra de gases lacrimógenos con sobrecoste millonario en plena pandemia fue justificada con tres decretos supremos (…) que fueron firmados por Jeanine Áñez y su gabinete ministerial. Solicitamos a la Fiscalía General que los convoque a declarar”, agrega.

Murillo fue detenido la semana pasada en Estados Unidos por el pago de sobornos y blanqueo de capitales, delitos cometidos presuntamente en el marco del caso de la compra del material antidisturbios. El paradero de López, por su parte, no está confirmado, aunque las autoridades bolivianas sospechan que se encuentra en Brasil. También solicitarán la extradición de ambos.

De acuerdo con los datos que maneja el Gobierno de Bolivia, la compra de los materiales en cuestión tuvo un coste de 5,6 millones de dólares (cerca de 4,6 millones de euros), aunque el precio real supondría 3,3 millones (casi 2,7 millones de euros).

El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, informó este lunes de que, hasta el momento, hay 20 personas investigadas por el caso, bautizado como Casos gases lacrimógenos por la prensa boliviana.

“Tenemos ya 20 personas investigadas, cinco personas aprehendidas y se ha llevado a cabo una serie de actuaciones procesales, entre ellas, registros, donde se ha logrado (…) bastante información que se está trabajando”, dijo, según recoge el diario ‘La Razón’. Además de a Murillo y López, las autoridades investigan a sus asesores y demás miembros de las carteras de Gobierno y Defensa. En referencia a los delitos, Lanchipa ha detallado que las autoridades investigan a estas personas por siete delitos en total.

Cuestionado por la prensa si Áñez puede terminar involucrada en el caso, Lanchipa respondió que no se puede anticipar este extremo, aunque el material hallado “pude dar lugar a la ampliación de la investigación para otras personas”.

Por otro lado, confirmó que la Fiscalía ya ha presentado la solicitud de extradición de Murillo, documento que debe pasar al Ministerio de Exteriores, cartera que remitirá finalmente la petición a Estados Unidos.

Además, Lanchipa ha remarcado que está “demostrado” que todo el proceso de investigación del caso no es parte de una “persecución política”.

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