MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la delegación para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han lanzado este martes una plataforma digital que pretende favorecer la identificación “masiva” de personas fallecidas no identificadas en el país latinoamericano.

En México existe una emergencia forense reconocida por las propias autoridades y, según han resaltado en un comunicado las organizaciones internacionales, una de las principales dificultades para enfrentarla es la falta de un consenso técnico en prácticas de identificación humana.

Así, la plataforma, llamada ‘identificacionhumana.mex’ y lanzada junto al proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho (FED) de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ, por sus siglas en inglés), busca fomentar una discusión técnica y multidisciplinaria para la identificación “masiva” de personas fallecidas no identificadas y documentar prácticas en materia de identificación forense para “reducir el rezago” y “brindar certeza” a las familias.

Según el Gobierno mexicano, el país atraviesa una profunda crisis de Derechos Humanos y una emergencia forense. En la actualidad, existen alrededor de 39.000 cuerpos no identificados en los servicios médicos forenses o inhumados de forma anónima en cementerios públicos de los 32 estados. Además, para 2019 se habían localizado 3.631 fosas clandestinas, de las cuales entre 2018 y 2019 se habían exhumado 1.124 cuerpos.

Por otra parte, se reconoce oficialmente más de 80,000 personas desaparecidas en el país, cifra que no refleja la totalidad de los casos. Cabe suponer que numerosas víctimas de desaparición se encuentran entre las personas que todavía no han sido identificadas.

“Resolver el destino y el paradero de las personas desaparecidas es un reto diario que requiere de mecanismos eficaces y coordinados de búsqueda, así como procesos forenses de calidad que contemplen la participación de las familias”, han recalcado las organizaciones involucradas.

A su juicio, el “grave desafío” al que se enfrenta México en materia forense requiere la adecuada colaboración entre instituciones relacionadas con la búsqueda de personas, fiscalías, así como la participación de expertos, académicos, colectivos y familiares y la provisión de recursos humanos, materiales y económicos “adecuados”.

El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado, ha considerado que “se debe asegurar por parte del Estado la restitución de todos los derechos de la persona desaparecida y de sus familiares que durante años han esperado el regreso de sus seres queridos, incluido su derecho a tener una identidad”.

Por su parte, la coordinadora nacional forense para México del CICR, Yarimar Cristina Ruiz Orozco, ha recordado que “conocer el destino de las personas desaparecidas es primordialmente un acto humano”. “Es imprescindible asegurar la participación de las familias como el eje central de todas las actividades”, ha agregado.

“La cifra de 39.000 personas fallecidas no identificadas debería ser suficiente razón para revisar de forma crítica el funcionamiento del sistema forense”, ha señalado el director del proyecto FED de la GIZ en México, Maximilian Murck. “Una de las tareas principales del Estado de Derecho en México es elaborar e implementar soluciones pragmáticas para la identificación humana masiva”, ha concluido.