Cientos de miles de armas de fuego con inscripción vigente a nombre de civiles fallecidos, con antecedentes penales o incluso menores de edad, fueron algunas de las irregularidades detectadas por una auditoría de la Contraloría General de la República a la Dirección General de Movilización Nacional, DGMN. La fiscalización analizó los procesos de inscripción, custodia y destrucción de armas en la entidad entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

Desde el Gobierno atribuyeron esta situación a una falta de facultades de que tiene el Estado para fiscalizar el control de armas, por lo que insistió en la necesidad de aprobar la nueva ley sobre la materia. “La ley de armas está en el Senado, la estamos empujando, estamos trabajando con ellos para poder determinar ahí una legislación moderna y avanzar en esta materia”, apuntó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.