SAN JOSÉ, 25 jun (Reuters) – La fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas, anunció el viernes que dejará el cargo tras ser cuestionada por conflicto de intereses durante la investigación de un presunto cuadro de sobornos millonarios en la construcción de carreteras en el país, que ha salpicado a grandes empresarios y funcionarios.

Por el proceso, considerado “histórico”, han sido llevados ante la justicia dos de los empresarios más importantes del sector y es investigado un cercano asesor del presidente Carlos Alvarado, Camilo Saldarriaga.

“Con el propósito de no debilitar la función del Ministerio Público y con el fin de no distraer la atención sobre lo esencial, el combate frontal contra la corrupción, he decido acogerme a la jubilación a la que tengo derecho”, señaló Navas en un comunicado.

Policías y fiscales subordinados a la fiscal han llevado a cabo las pesquisas durante dos años y la funcionaria ha sido criticada dentro del Poder Judicial porque su esposo es abogado defensor de las dos principales empresas señaladas, H. Solís y la transnacional de origen costarricense Meco.

“A raíz del caso denominado ‘Cochinilla’ (como se conoce la causa), se ha desatado una serie de ataques personales y contra la institución”, reconoció Navas, quien llegó el cargo en 2017 con la promesa de tener mano dura contra la corrupción y se había mantenido al margen del caso.

Juan Rivero, abogado de los dueños de H. Solís, dijo a Reuters que sus clientes “son inocentes” y denunció “múltiples problemas e ilegalidades” en las indagatorias. Algo similar dijo Erick Ramos, abogado del propietario de Meco y quien señaló “violaciones al debido proceso”.

Saldarriaga, quien asesoraba al presidente en temas de infraestructura, es investigado por su presunta participación en el esquema de sobornos. El asesor renunció a su cargo recientemente para dedicarse a su defensa y ha negado haber cometido cualquier delito.

Autoridades judiciales estiman que las anomalías detectadas causaron un déficit equivalente a 127 millones de dólares en los presupuestos para obras viales entre 2018 y 2020. Dinero, autos y servicios sexuales habrían sido parte de las dádivas a cambio de adjudicaciones de carreteras.

La Corte Suprema de Justicia, que el lunes decidió no abrir una investigación a Navas, nombró a un fiscal especial para el caso, una semana después de que autoridades judiciales anunciaran la realización de más de 50 allanamientos y 30 aprehensiones como parte de las investigaciones.

(Reporte Álvaro Murillo; Editado por Raúl Cortés Fernández y Adriana Barrera)