La Corte Suprema acogió el recurso de casación y confirmó la resolución de primer grado que condenó al fisco a pagar una indemnización de $15 millones por concepto de daño moral, al padre de Antonia Garros Hermosilla, joven que se suicidó arrojándose al vacío, en medio de un procedimiento por violencia intrafamiliar, practicado por dos funcionarios de Carabineros en febrero de 2017, en la comuna de Chiguayante.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal estableció que los policías incurrieron en omisiones negligentes inexcusables al no apegar su actuar a los protocolos y normas legales sobre violencia intrafamiliar, lo que habría evitado la muerte de la joven.

Esto debido a que, la madrugada del 7 de febrero de 2017, los uniformados estuvieron con la joven en el hall del edificio y, en lugar de llevarla a constatar lesiones a un centro médico, la devolvieron al departamento, ubicado en el piso 13, donde se enfrentó nuevamente con Andrés Larraín, quien entonces era su pareja y agresor.

Para la Sala Constitucional “en el procedimiento de violencia intrafamiliar realizado por los funcionarios de Carabineros de Chile que acudieron al llamado el día de ocurrencia de los hechos, existieron omisiones negligentes que determinaron la ocurrencia del desenlace fatal, en otros términos, el actuar de los funcionarios policiales fue equivocado, puesto que de haber seguido estrictamente el protocolo, se habría podido impedir que Antonia Garros se suicidara”.

“Según se estableció, los funcionarios de Carabineros tomaron conocimiento, tan pronto llegaron al edificio Sanders, que Antonia Garros estaba siendo víctima de actos de violencia por parte de quien fue o fuera su pareja, señor Andrés Larraín, que se encontraban ambos bajo la influencia del alcohol, o al menos, que tenían hálito alcohólico, y que Antonia había intentado recién de lanzarse desde el balcón del 13º piso, al menos en dos oportunidades. Ello, puesto que fueron advertidos por el conserje, quien se encontraba con la joven y había presenciado los golpes que Larraín le había propinado, y había agarrado a Antonia, evitando que se lanzara desde el balcón”.

“Si la principal función y deber del policía al acudir a un llamado por violencia intrafamiliar es brindarle protección a la víctima, el haber confrontado a la joven nuevamente con su agresor, para tomarles su declaración, fue un acto absolutamente innecesario, pues podrían perfectamente haber sido empadronados por separado. El departamento del piso 13º del edificio Sanders tampoco era el domicilio de Antonia, por lo que no debió haber subido con Carabineros, bajo ningún pretexto. A los funcionarios de Carabineros no les correspondía ‘aclarar el asunto’, sino que únicamente, dar protección a la víctima y tomando los resguardos necesarios, tomar sus datos y recibir las declaraciones que quisiesen prestarles, luego de lo cual, debieron ser o no conducidos al cuartel policial”, razona el máximo tribunal.

“Que, en mérito a lo expuesto, se puede constatar una omisión culpable en el actuar de Carabineros de Chile, constitutivo entonces de una falta de servicio que el organismo público debió otorgar, que generó daños”, dijo la Tercera Sala.

Asimismo se informó que se estimó prudencialmente el daño moral sufrido por el padre de la joven en la suma de $15 millones, cuyo pago se ordenará, debidamente reajustada en la forma solicitada por la demandante, esto es, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha de la sentencia de primera instancia y su pago efectivo”, ordena.

Larraín no fue condenado por el suicidio de Antonia, sin embargo, fue declarado culpable de las lesiones que le causó a la joven dos meses antes de su muerte.

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