Miles de manifestantes participan en una jornada de protesta contra la reforma tributaria, el 1 de mayo de 2021, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega
Miles de manifestantes participan en una jornada de protesta contra la reforma tributaria, el 1 de mayo de 2021, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega (EFEI0658/)

Bogotá, 2 may (EFE).- Un impopular proyecto de reforma tributaria prendió la mecha de la protesta social en Colombia en plena pandemia de covid-19 y plantea la más dura prueba al Gobierno del presidente Iván Duque, que se resiste a retirar la iniciativa mientras la indignación y el caos aumentan en las calles.
En los últimos años los colombianos expresaron su rechazo a las sucesivas reformas fiscales de los distintos Gobiernos, pero esta vez la indignación ha superado cualquier expectativa y desde hace cuatro días se expresa mediante protestas que en muchos casos han terminado en brotes de violencia con por lo menos cuatro muertos y otros tantos casos objeto de investigación.
El Gobierno asegura que la reforma es necesaria para mejorar las finanzas públicas y de esta forma mantener la economía con grado de inversión y para financiar los programas de asistencia social, cuya demanda ha crecido por la pandemia, pero la voracidad tributaria de la reforma, que castiga principalmente a la clase media y a los que ganan menos le ha dejado sin apoyo dentro y fuera del Congreso.
“La salida es que el Gobierno retire definitivamente el proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso y llame a discutir otros asuntos con el Comité Nacional de Paro y las centrales obreras y entienda que hay que abordar muchos otros temas que se han estado planteando y que el Gobierno ha ignorado”, dijo a Efe el secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.
TODOS CONTRA LA REFORMA
En su pulso con sindicatos y con la sociedad en general, el Gobierno, que ya venía con una baja aprobación popular y sin mayorías en el Congreso, se ha quedado aún más solo y hasta el expresidente Álvaro Uribe, mentor de Duque y líder del partido de Gobierno, el Centro Democrático, cuestiona a diario el proyecto enviado el 15 de abril al Congreso.
Pese a que no lo dicen abiertamente, el desgaste que arrastra Duque cuando se aproxima al tercero de sus cuatro años de Gobierno, sumado a la crisis de orden público en que desembocaron las protestas contra la reforma fiscal, es una preocupación entre los barones de la derecha por el impacto negativo que las políticas del Gobierno seguramente tendrán en las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.
Tampoco los empresarios han cerrado filas en torno al Gobierno esta vez y, aunque reconocen la necesidad de hacer una reforma fiscal, no están de acuerdo con su contenido porque acaba penalizando con más impuestos a los mismos de siempre.
Entre los pocos que han respaldado la reforma está un grupo de 50 reconocidos economistas que en una carta afirmaron “que la propuesta del Gobierno busca proteger a los más vulnerables, recuperar la economía y asegurar la sostenibilidad fiscal”.
“Sin embargo, nos preocupa que la propuesta de reforma tributaria del Gobierno no considere una mayor progresividad para los niveles más altos de ingreso”, señalaron los expertos.
PRUEBA DE RESISTENCIA
Ante la creciente ola de protestas, Duque ordenó el pasado viernes al Ministerio de Hacienda que replantee la reforma y “se construya un nuevo texto con el Congreso, que recoja el consenso y que permita nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos y las organizaciones”.
El mandatario aseguró que un nuevo proyecto de reforma fiscal “no va a haber aumentos en el IVA en bienes y servicios” y “no se tocará la canasta básica familiar”, ni se ampliará la base tributaria, tres de los puntos más sensibles de la iniciativa.
A pesar del clamor popular contra la reforma esa es hasta ahora la mayor concesión hecha por el presidente que anoche, después de que las manifestaciones y desórdenes llegaron hasta el condominio donde vive, en el norte de Bogotá, dio una declaración al país en la que anunció que recurrirá a la “asistencia militar” para mantener el orden “en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”.
El anuncio abrió las puertas a otra polémica ya que distintos sectores expresaron de inmediato su preocupación por una posible militarización de las calles.
“Pese a las dificultades del día, nuestra Policía de Bogotá tiene la situación bajo control. No se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización”, manifestó la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López.
Y contrario a lo que se esperaba después de cuatro intensas jornadas de manifestaciones y desmanes, el presidente no hizo en su declaración una sola mención a la reforma tributaria, origen de la agitación nacional.
LA TORRE DE MARFIL
“Este Gobierno es ciego, sordo y mudo frente a las organizaciones sociales y ante todo el que no comparta sus puntos de vista. Eso es lo que nos ha llevado a la situación tan difícil en que estamos”, aseguró Orjuela, quien también hace parte del Comité Nacional de Paro, el movimiento que convocó las primeras protestas.
Los sindicatos y organizaciones sociales se mantienen inamovibles en su exigencia de que sea retirado el proyecto de reforma tributaria y a menos que el presidente, encerrado en su torre de marfil, dé el reverso a esa iniciativa que no tiene posibilidades de ser aprobada en el Congreso, las manifestaciones, organizadas o espontáneas, no tienen pinta de acabar.
“Está planteado un nuevo paro nacional para el 19 de mayo, pero ante la negativa del Gobierno, que no retira el proyecto, es posible que se anticipe esa fecha”, sentenció el presidente de la CUT.
Jaime Ortega Carrascal