La Corte de Apelaciones de Copiapó declaró, este viernes, admisible el recurso de protección en contra del proceso de licitación del litio, presentado por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas.

La orden de no innovar del tribunal suspendió el proceso de licitación, pese a que este ya fue adjudicado a dos empresas privadas por parte del Estado de Chile.

En el recurso presentado por Vargas, que iba dirigido contra el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y el subsecretario de la cartera, Edgar Blanco, se acusa que se violaron una serie de garantías constitucionales como el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y la igualdad ante la ley.

“El recurso litio sólo será una alternativa real de desarrollo para el país y sus regiones en la medida que se considere la opinión de todos y todas, el litio está reconocido en nuestra Constitución como un producto estratégico, que es de propiedad de todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, cualquier definición asociada a este producto y dada esa condición, lo que requiere es un gran consenso”, acusó el gobernador de Atacama.

“Lo que hay en esta licitación que inició la actual administración es precisamente una falta de consenso, porque lo que ha pedido el gobierno electo es que esta discusión se retrase, que no se anticipe en decisiones porque aquí está en juego una alternativa real de desarrollo innovador, con investigación para las regiones y el país”, agregó.

Hace algunas semanas la oposición cuestionó la licitación que entrega a dos empresas privadas el derecho a la extracción del 4,4 por ciento de las reservas de litio conocidas en nuestro país, pero este miércoles el gobierno cerró el proceso y adjudicó el derecho a la extracción a dos empresas.

Se trata de la empresa china BYD SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A, quienes presentaron ofertas por 61 y 60 millones de dólares respectivamente. De esta forma, ambas empresas se adjudicaron una cuota de 80 mil toneladas de litio metálico comercializable.

La decisión fue valorada por el actual gobierno de Sebastián Piñera, pero cuestionada por el Presidente electo, Gabriel Boric, quien dijo que era una “mala noticia para el país.

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